Aboga por abordar una reforma ambiciosa, tanto de las políticas activas de empleo como de los subsidios de forma coordinada
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Banco de España recomienda tener en cuenta la baja productividad española –en relación al área del euro– y el aumento de las bajas laborales en la próxima negociación entre Gobierno y agentes sociales para la reducción, en dos fases, de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Según ha explicado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, en el marco de la presentación del informe trimestral de la economía española, en las últimas décadas España ha ido reduciendo la jornada efectiva laboral de forma significativa, debido a la incorporación de la mujer al mercado laboral, el envejecimiento poblacional, el mayor peso de los servicios o el aumento de productividad.
Sin embargo, desde el organismo se aboga por que el ajuste de las horas laborales a futuro venga asociado a un mayor aumento de la productividad, teniendo en cuenta que la diferencia que existe entre el PIB per cápita español y el del área del euro se justifica por la poca productividad y la elevada tasa de paro. Ello teniendo en cuenta, además, que en España se trabajan más horas respecto a la media del área del euro.
REFORMA COORDINADA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS Y PASIVAS DE EMPLEO
Pese a que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del subsidio por desempleo, desde el Banco de España consideran que se debe abordar una reforma ambiciosa, tanto de las políticas activas de empleo como de las pasivas de forma coordinada.
En conjunto, estas dos políticas han de proteger la renta de los desempleados mientras estos no tienen un empleo y, al mismo tiempo, incentivar su retorno al mercado laboral a través de actuaciones diversas que incrementen su capital humano y su empleabilidad.
Según el organismo, desde una perspectiva internacional, en España el grado de protección/cobertura de los desempleados es relativamente bajo y, al mismo tiempo, el diseño de las políticas activas y pasivas de empleo no incentivan suficientemente el retorno al mercado laboral ni un aumento de la empleabilidad de los desempleados, lo que contribuiría al mantenimiento de unas elevadas tasas de paro.
Por lo tanto, plantean una reforma con el objetivo de reducir la tasa de paro estructural, que no debe situarse por debajo del 10%, sino llevarla a la de los socios europeos –que va desde el 3% al 6,5%–.
REMUNERACIÓN POR ASALARIADO POR ENCIMA DE AUMENTOS POR CONVENIO
La remuneración por asalariado estaría, en términos reales, por encima de la observada antes del comienzo de la pandemia y registra aumentos superiores a los incrementos pactados en convenio, una evolución que implica aumentos en los costes laborales unitarios, que podrían acabar afectando a la competitividad-precio de las empresas españolas y generar presiones inflacionistas internas adicionales.
El Banco de España ha señalado en su último informe sobre la economía española que en los últimos trimestres la remuneración por asalariado en la economía de mercado ha venido registrando aumentos superiores a los incrementos salariales pactados en convenio. Ello en un mercado laboral “tensionado, con carencia de mano de obra en algunos sectores”.
En un contexto de débil comportamiento de la productividad, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos ha alertado de que esta evolución de la remuneración por asalariado implica aumentos en los costes laborales unitarios que podrían acabar afectando a la competitividad-precio de las empresas españolas y generar presiones inflacionistas internas adicionales.
Hasta noviembre, el incremento salarial pactado para 2023 se situó en el 3,5%, ligeramente por encima del acordado para el año pasado (del 3%).
El aumento pactado está siendo superior en los convenios de nueva firma que se están alcanzando este mismo año y que ya afectan a algo más de 3,5 millones de trabajadores.
En concreto, estos nuevos convenios recogen un incremento salarial del 4,1% en 2023, un aumento que, en términos generales, estaría en línea con las recomendaciones fijadas en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
En cualquier caso, en los últimos trimestres la remuneración por asalariado en la economía de mercado ha venido registrando aumentos superiores a los incrementos salariales pactados en convenio.
En particular, incluso a pesar de experimentar una desaceleración respecto a las dinámicas observadas en el primer semestre del año, la remuneración por asalariado en la economía de mercado mostró un crecimiento del 4,9% interanual en el tercer trimestre.
Este crecimiento de la remuneración, en un entorno de incremento de los costes laborales no salariales (por ejemplo, cotizaciones sociales) y débil comportamiento de la productividad, implica aumentos de los costes laborales unitarios por encima de los observados en el resto de países de la UE desde el inicio de la pandemia, lo que podría acabar afectando a la competitividad-precio de las empresas españolas.
Respecto a los costes salariales y a los márgenes empresariales, las proyecciones contemplan que estos mantendrán, en los próximos años, un comportamiento relativamente contenido, según lo observado en los últimos meses.
En particular, se prevé que los salarios negociados evolucionarán en línea con el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y registrarán incrementos anuales de alrededor del 3% en el período 2024-2026.
En todo caso, el Banco de España estima que la remuneración por asalariado mantendrá crecimientos algo superiores a los pactados en la negociación colectiva a lo largo del horizonte de proyección, fundamentalmente como consecuencia de los aumentos previstos en las cotizaciones sociales y, en menor medida, de una deriva salarial ligeramente positiva.
Por su parte, se prevé que los márgenes empresariales continuarán con la senda de moderación que comenzaron a principios de 2023 y que podrán acomodar los incrementos previstos en los costes laborales unitarios.
En conjunto, en línea con los desarrollos observados hasta la fecha, se espera que no se produzcan efectos de segunda vuelta significativos vía salarios o márgenes empresariales que puedan desencadenar procesos de retroalimentación de las actuales presiones inflacionistas.
