MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), María Abascal, cree que no hay “elementos objetivos” que recomienden o que hagan conveniente la modificación del Código hipotecario de Buenas Prácticas con medidas para aliviar la carga que las hipotecas suponen para las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad.
De esta forma, la patronal bancaria se posiciona contra el anuncio realizado en noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura de subir el umbral de renta de 30.000 a 38.000 euros para que más familias se puedan beneficiar de las medidas de alivio hipotecario.
Abascal ha recordado el carácter anticipatorio con el que se firmó en noviembre de 2022 la actualización del Código de Buenas Prácticas de 2012 para adecuarse a la rápida subida del Euríbor por el nuevo entorno de tipos de interés e incluir a nuevos colectivos, como era el caso de las familias en riesgo de vulnerabilidad.
“Lo cierto es que desde que aprobamos ese acuerdo, que sigue en vigor, nos han sorprendido positivamente todas la variantes”, ha afirmado, poniendo sobre la mesa la baja morosidad del crédito hipotecario en España, del 2,45%, o la fortaleza del mercado laboral, que ha permitido seguir mejorando el ahorro y reducir el desapalancamiento.
Preguntado por los datos que recoge el Banco de España de solicitudes, con un 40% de rechazos, un 50% de aprobados y un 10% en estudio, el director corporativo de servicios asociativos y recursos de CECA, Antonio Romero, ha destacado que en “todas y cada una” de las operaciones que no han prosperado existe “una razón, una motivación”, y también ha resaltado la buena marcha de la economía para explicar una menor adhesión a las medidas.
“Las entidades ni rechazan, ni vetan, ni deniegan operaciones. Se limitan a comprobar que las solicitudes cumplen con los requisitos establecidos en la legislación. No hay una capacidad de decisión. Es la ley la que decide si una familia puede acceder al código”, ha sentenciado.
Igualmente, ha considerado que hay que dejar “más tiempo” para valorar si el código debe ser ampliado o no.
Sobre el proyecto de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, María Abascal ha insistido en la postura de las patronales bancarias de optar por mejorar los servicios de reclamación existentes en Banco de España y CNMV, rechanzado crear un nuevo organismo.
Por último, Romero ha recordado, por su parte, la postura del sector bancario en contra del impuesto temporal a la banca, que podría prorrogarse de manera indefinida, al señalar que los actuales beneficios “supuestamente extraordinarios” del sector no son tales, sino que se están produciendo en un proceso de “normalización” de tipos de interés tras operar durante un decenio en tipos ‘cero’ o negativos.
Además, ha señalado que este impuesto “dificulta” la capacidad de generación de crédito en España y ha rechazado que el caso italiano sirva de “inspiración”, en referencia al impuesto bancario aprobado por parte del Gobierno de Giorgia Meloni, que tuvo que ser revisado tras las caídas bursátiles del sector en Italia y las advertencias del Banco Central Europeo (BCE).
