BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes la Ley de Industria Neta Cero presentada en marzo por Bruselas que establece el objetivo de que Europa produzca el 40% de sus necesidades anuales de implementación en tecnologías ‘limpias’ en 2030 y capture el 25% del valor del mercado global para estas tecnologías.
Esta norma pretende contrarrestar el impacto en la economía europea de la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, con un paquete de 369.000 millones de dólares, y a las inversiones anunciadas por China, que superan los 280.000 millones de dólares.
La legislación ha sido adoptada por 376 votos, 139 en contra y 116 abstenciones y, una vez que el Consejo haya adoptado también su posición, podrán comenzar las negociaciones sobre la forma final del texto.
Esta nueva norma busca también acelerar permisos al relajar los trámites burocráticos y acortar los plazos temporales para potenciar la fabricación doméstica de nuevas tecnologías bajas en carbono con el fin de alcanzar los objetivos de la UE de reducción de emisiones.
En sus enmiendas, los eurodiputados ampliaron el alcance del proyecto de ley para abarcar toda la cadena de suministro, incluidos componentes, materiales y maquinaria para producir tecnologías ‘limpias’ y han propuesto una lista más amplia y completa de tecnologías a cubrir, que se actualizará periódicamente. En concreto, han añadido tecnologías de fisión y fusión nuclear, combustibles de aviación sostenibles (SAF) y tecnologías industriales específicas.
La ley introduce plazos para la concesión de permisos para proyectos de fabricación neta cero en función de su tamaño y estado, con una reducción de plazos de 12 a 9 meses para los proyectos de fabricación de tecnología neta cero con una capacidad anual de fabricación de menos de un gigavatio (GW) y de 18 a 12 meses para proyectos de más de 1 GW.
Además, el Parlamento ha propuesto la creación de iniciativas de ‘Valles industriales’ que contribuyan también a acelerar el proceso de obtención de permisos al delegar partes de la recopilación de pruebas de la evaluación ambiental a los Estados miembro.
