MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Las patronales de la limpieza demandan al Gobierno que considere este sector como un servicio esencial y denuncian que se enfrentan en los últimos meses a una serie de retos de carácter coyuntural que dificultan “todavía más el trabajo diario y la supervivencia de las empresas”.
En un comunicado, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales (Afelín) han recordado que en España 570.000 personas trabajan en alguna de las 36.000 empresas del sector, representando el 1,05% del PIB.
Además, el 2% de los asalariados del país está en este sector, que desde las patronales califican como “imprescindible para el funcionamiento diario de la sociedad”.
Así, con motivo de la celebración, este 18 de octubre, del Día Internacional del Reconocimiento al Personal de Limpieza, Afelín y Aspel han reivindicado que los trabajadores de la limpieza profesional realizan un servicio necesario en, por ejemplo, más de 30.000 centros educativos y 13.000 centros sanitarios, así como en miles de industrias, comercios, redes de transporte, ciudades y pueblos.
REFORMA DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En este contexto, desde el sector plantean una reforma de la Ley de Desindexación de la Economía, un marco legal que actualmente impide a las empresas de limpieza actualizar los precios de los contratos ya firmados con la Administración.
Esta situación representa “un verdadero problema de rentabilidad para las empresas debido al incremento de costes”, en palabras de las patronales, que denuncian como, actualmente, muchas compañías de servicios que trabajan para la Administración, con una duración media de cuatro años en sus contratas, lo hacen a pérdidas.
Otra de las reivindicaciones consisten en eliminar la obligatoriedad para el contratista de cumplir con las prórrogas en los contratos públicos, lo que permitiría “una mayor flexibilidad en las negociaciones y una mejor adaptación a condiciones cambiantes”.
La propuesta de las patronales en este aspecto consiste en que estas prórrogas sean negociables entre la Administración y las empresas.
Los presidentes de Aspel y Afelín, Juan Díez de los Ríos y Jesús Martín, respectivamente, señalan que no están en contra de una ley destinada a proteger el equilibrio de las cuentas públicas, pero entienden que el sector de las empresas de limpieza “debería gozar de excepcionalidad por un reconocimiento a su consideración como esencial y por un elemental sentido de justicia social y equilibrio entre las partes”.
De hecho, otros países europeos, como Francia, Italia o Portugal, “hace meses que corrigieron este efecto de la coyuntura en las contratas con los servicios de limpieza”, como destacan en el comunicado.
