Su mantenimiento rivaliza en los presupuestos con el gasto en pensiones o en sanidad
Seopan, la organización empresarial en la que están representadas las grandes constructoras del país, ha instado a los partidos políticos que critican la medida propuesta por el Gobierno para introducir peajes en todas las autovías del país que propongan cuál es su alternativa para el déficit que actualmente acumula la conservación y el mantenimiento de las carreteras.
“Todas las formaciones políticas tienen que analizar cuál es la situación de este país. Una vez que ya no tenemos el camino de la deuda, ¿cuál es la alternativa, los impuestos o los recortes?. La situación merece un debate más amplio y riguroso para no caer el populismo sencillo de oponernos a la medida”, ha declarado el presidente de Seopan, Julián Núñez.
En unas jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Núñez ha querido aclarar algunos aspectos sobre la polémica desatada desde que se conociese la intención de implementar peajes en las autovías a partir de 2024, una medida que Seopan ya lleva años defendiendo como respuesta al déficit de 8.000 millones de euros en esta partida.
Núñez ha descartado que se trate de un impuesto, sino de una tasa finalista que grava un servicio público como pasa en otros ámbitos como el ferrocarril, y ha negado que se busque pagar dos veces por lo mismo, ya que una cosa es la construcción de las carreteras, que ya están pagadas, y otra el mantenimiento de las mismas.
Respecto a las críticas que han argumentado que la carretera ya soporta otros cargos como los impuestos a los carburantes, ha declarado que sería entrar en un terreno “peligroso”, ya que España cuenta con un impuesto al diésel inferior al resto de Europa. “Además, no tiene que ver con la carretera, es un impuesto de naturaleza medioambiental”, ha añadido.
SIN RECORRIDO PARA INCREMENTAR LA DEUDA
Núñez ha señalado que todo apunta a que será a partir de 2023 cuando Bruselas volverá a aplicar las reglas fiscales que limitan el endeudamiento y el déficit de los Estados Miembros, ahora suspendidas por la crisis del coronavirus.
Sin embargo, con una deuda esperada del 115% y un déficit del 5% a finales de 2022, España no contará con el margen que tenía antes de la última crisis financiera, cuando estos parámetros eran del 36% y un superávit del 2%.
Sin terreno para incrementar la deuda, Núñez advierte que la salida de la crisis volverá a pasar por los ajustes. “La crisis de 2008 se saldó con una reducción de la inversión pública a la mitad, la congelación del sueldo de los funcionarios o un incremento generalizado de impuestos. Incluso si los recortes esta vez son inferiores, afectará igualmente al gasto público”, ha indicado.
Entre este gasto se encuentra el mantenimiento de las carreteras, que, según ha admitido el director general de Carreteras, Javier Herrero, del Ministerio de Transportes, su financiación compite ahora con otros servicios sociales como las pensiones o la sanidad.
Por eso, teniendo en cuenta que la red de carreteras ya se paga por medio de los impuestos, se use o no la infraestructura, Herrero ha defendido que una financiación vinculada al pago por uso, es decir, los peajes, liberaría el gasto para destinarlo a otros servicios sociales.
