MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en una vista por el caso del cártel de la leche, que juzga a las industrias por fijar precios entre 2000 y 2013 en perjuicio de los ganaderos.
A la salida del tribunal, el secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia ha asegurado que lo que pretenden es que “quede acreditado judicialmente el comportamiento ilícito de la industria láctea para iniciar la reclamación por el daño económico a los ganaderos”.
La organización estima que estas prácticas de la industria podrían haber ocasionado un empobrecimiento a los ganaderos de más de 2.600 millones de euros.
Según ha explicado UPA en la vista, las industrias pagaban a los ganaderos entre un 10 y un 15% menos de lo que les hubiese correspondido.
Por ello, la organización, junto con el bufete de abogados Eskariam, inicia el proceso para que los ganaderos afectados reclamen las cantidades impagadas, que podrían superar los 1.200 millones de euros, según cifras de UPA.
Roberto García ha aprovechado la ocasión, además, para reclamar que las sanciones se ejecuten “de inmediato”, pues asegura que mientras esto no ocurra, las empresas “seguirán incurriendo en estas prácticas”.
De hecho, los ganaderos han asegurado que el pasado mes de mayo constataron una nueva estrategia coordinada de bajada de precios “sin que haya razones de mercado”.
CONDENA DE LA CNMC EN 2015
En 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a las industrias lácteas con 88,2 millones de euros por prácticas contra la competencia. En su momento, esta fue la cuarta multa de mayor cuantía en la historia de la CNMC.
En total, se sancionaron a dos asociaciones y nueve empresas, entre las que estaban Danone, Puleva, Calidad Pascual, Nestlé, Senoble Ibérica, Central Lechera Asturiana, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Central Lechera de Galicia.
A raíz de esta sanción, UPA reclama ahora que se devuelva “el dinero usurpado” a los ganaderos a causa de esas prácticas reconocidas por la CNMC como anticompetitivas.
De hecho, la resolución de la comisión reconocía que el objeto de esta actuación era distorsionar el normal funcionamiento del mercado y que produjo efectos negativo, siendo la industria ganadera el sector más perjudicado.
