Cree que habrá acuerdo en pensiones pese a la condicionalidad “voluntaria” que le dado el Gobierno a la reforma y al plazo establecido
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga un “gesto general” hacia el diálogo social que incluya, especialmente, el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012, tal y como contempla el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. En todo caso, el líder sindical ha animado al Ejecutivo a dejar claro que legislará en caso de que no haya acuerdo social.
Así lo ha señalado al ser preguntado por sus expectativas sobre la asistencia e intervención, el próximo miércoles, del presidente del Gobierno en el 43 Congreso Confederal de UGT, que arranca mañana en Valencia y del que Pepe Álvarez saldrá reelegido para un segundo mandato.
Álvarez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha recordado al Gobierno que los trabajadores “lo han dado todo durante la pandemia” y que se tiene con ellos una deuda que hay que saldar. “Y eso pasa por cumplir el acuerdo de gobierno para derogar o sustituir la reforma laboral de 2012”, ha añadido.
Sindicatos y empresarios tienen abiertos varios procesos de negociación con el Ejecutivo. Uno de ellos es lo que se ha denominado modernización del mercado laboral, en el que se prevén modificar algunos aspectos de la reforma laboral del PP, pero también muchos otros, como la reducción del número de contratos.
“El Gobierno ha ido hablando de muchas cosas, han tirado de la varita mágica y han planteado que la solución a la precariedad de la contratación es reducir el número de contratos. Para nosotros ese no es el debate (…) Lo que queremos debatir es qué pasa si se contrata en fraude de ley”, ha explicado.
Según Álvarez, la regulación actual hace que a los empresarios les salga a cuenta contratar de manera fraudulenta, por lo que UGT propone que, en una primera fase, se endurezcan las consecuencias de hacerlo, de forma que no sólo se convierta el contrato en fijo sino que se establezca la prohibición de despedir el trabajadores en los dos años siguientes.
En el caso de las empresas reincidentes, UGT plantea que se tipifiquen en el Código Penal las consecuencias de contratar reiteradamente en fraude de ley. “No estamos diciendo que no haya contratos temporales, tiene que haber porque en España tenemos actividades temporales, pero con causa. Que sean temporales de verdad”, ha indicado.
EL GOBIERNO TAMBIÉN ES “CAUSANTE” DE LA ALTA TEMPORALIDAD
Para Álvarez, la penalización actual sobre los contratos temporales en un “parche” y ha advertido al Gobierno de que su sindicato no firmará nada en relación a la lucha contra la precariedad y la temporalidad que no pueda verificar que ha funcionado en el plazo de seis meses.
La razón, ha explicado, es que en anteriores ocasiones se han suscrito acuerdos en esta materia que, al cabo de unos años, apenas han tenido resultados. “Necesitamos unas mínimas garantías de que en seis meses podemos bajar la temporalidad del 24% al 12% o al 10%”, ha apuntado.
Álvarez ha denunciado además que el Gobierno es uno de los “causantes” de la precariedad y temporalidad laboral por la situación de interinidad en la que se encuentran unos 800.000 trabajadores del sector público. En este sentido, ha abogado por ir a un cambio radical que haga que el Estado, en sus procesos de contratación pública, premie la calidad y la condiciones de trabajo “en lugar de premiar el coste del contrato”.
“EL ACUERDO DE PENSIONES LLEGARÁ”
En lo que respecta a la otra negociación de calado que sindicatos y empresarios mantienen con el Gobierno, la de la reforma de las pensiones, Álvarez cree que hay base para llegar a un acuerdo que cumpla con el programa de gobierno, derogando la reforma de 2013.
Eso sí, cree que hay poco tiempo para conseguirlo porque el Ejecutivo, “voluntariamente”, sin pedírselo Bruselas, ha puesto como condición la reforma de pensiones para recibir los fondos europeos, cuestión que, según ha dicho, no supondrá “presión” para los sindicatos, que no firmarán ningún acuerdo que no sea beneficioso para los trabajadores y los pensionistas.
En su opinión, el problema no es que se deje más tiempo para la negociación, sino que, al tratarse del sistema de pensiones, lo que se acuerde tiene que pasar por el Parlamento. Y el primer paquete de reformas, según el calendario remitido a Bruselas por el Gobierno, tiene que estar aprobado este año.
“El acuerdo llegará y dará tranquilidad a los pensionistas”, ha dicho el líder de UGT, que cree que no ha habido “tanto cambio ni tanto giro” con el último borrador de acuerdo que ha llevado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la mesa de negociación, por lo menos en lo que respecta a al nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales.
“Las organizaciones de autónomos tienen puertas abiertas de negociación con el Gobierno. En todo caso, el tema de autónomos necesita menos presencia en medios y más debate con las organizaciones. La irrupción en los medios no ayuda en el acuerdo. (…) Vamos a un cambio, ya previsto, para que los autónomos coticen en función de sus rendimientos. Eso requiere tiempo y conexión entre la Seguridad Social y Hacienda”, ha subrayado.
SEMANA LABORAL DE 32 HORAS
Álvarez ha afirmado además que el sistema de pensiones sería más sostenible si se implantara en España la semana laboral de 32 horas, una iniciativa que su sindicato piensa debatir en el 43 Congreso y que cree que podría financiarse con parte de los fondos europeos.
“Las grandes crisis son las grandes ocasiones para hacer estos ajustes. Esta crisis va a adelantar a nuestro país en diez años en materia tecnológica. Eso debería también posibilitarnos avanzar en la reducción del tiempo de trabajo. Desde la primera revolución industrial, no ha habido cambios significativos en la jornada, se trata de dar un salto para facilitar la conciliación, la formación, la igualdad”, ha explicado.
Para el sistema de pensiones sería beneficioso que las nuevas tecnologías, los robots, coticen a la Seguridad Social. “Si construir un coche costaba 10 personas hace diez años, y hoy cuesta cuatro, esa rebaja de necesidad de mano de obra no puede ir sólo al accionista y al consumidor. Hay que repartirlo con la sociedad a través de un impuesto que vaya a la Seguridad Social”, ha argumentado.
