Los grupos decidirán la próxima semana si avalan la tasa de 250 euros que el nuevo organismo exigirá a los bancos por cada reclamación
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Congreso va a acelerar la tramitación de la ley que creará la nueva Autoridad del Cliente Financiero con idea de aprobarla en un plazo de diez días, antes incluso de las elecciones locales del 28 de mayo.
Se trata de un nuevo ente de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias, y que se quiere que esté operativo cuando empiecen a notarse las subidas de tipos hipotecarios que se vienen produciendo para contener la inflación.
Tras haber conseguido culminar la tramitación de la Ley de Vivienda en la Cámara Baja después de llevar más de un año bloqueada, el Ejecutivo tiene la vista puesta ahora en esta norma, que salió del Consejo de Ministros en noviembre del año pasado y superó a comienzos de marzo su primer examen en el Congreso, tras rechazarse una enmienda de totalidad de Vox al proyecto de ley.
Según ha confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press, el calendario que manejan los partidos del Gobierno pasa por llevar el proyecto de ley a la Ponencia el próximo martes y, si todo va bien, el informe llegaría a la Comisión de Asuntos Económicos dos días después y la semana siguiente se votaría en el Pleno del Congreso.
Así, la ley podría salir del Congreso el 18 de mayo, para posteriormente enviarse al Senado y seguir los mismos trámites. En caso de que en la Cámara Alta se introdujeran enmiendas, el proyecto volvería a la Carrera de San Jerónimo para refrendar o no estas modificaciones para dar el visto bueno definitivo y enviar la ley al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.
UNA AGENCIA PARA SUPERVISARLOS A TODOS
Esta nueva agencia asumiría las funciones que ahora recaen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, este último organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.
Uno de los principales escollos que ha afrontado el proyecto de ley desde el principio es la tasa de 250 euros con la que se financiará esta nueva agencia, que supondrá a un coste total de unos 21 millones de euros abonados por los bancos.
Dicha tasa se trata de un arancel que los bancos deberían abonar cada vez que la Autoridad del Cliente Financiero acepte a trámite una reclamación de un cliente.
La tasa ha sido muy criticada tanto por la banca como por los diferentes grupos parlamentarios, al considerar que es excesiva y podría suponer un perjuicio para las entidades financieras. Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya deslizó que el Gobierno estaba abierto a negociar con el resto de grupos este asunto.
SOCIOS DEL GOBIERNO PIDEN REBAJAR LA TASA
Frente a esta cuantía fija, los diferentes grupos parlamentarios registraron enmiendas para determinar una nueva cantidad o, incluso, una forma de proceder distinta.
Así, el PP propuso que la tasa que financiará la futura Autoridad del Cliente Financiera se reduzca desde los 250 hasta los 100 euros y que, en el caso de que la resolución de la queja resulte favorable a la entidad financiera, la Autoridad proceda al reembolso del 50% de la tasa al banco.
Por su parte, Ciudadanos, PNV, Junts y el PDeCAT registraron sendas enmiendas para que la tasa se reduzca a 50 euros. Según la formación vasca, los 250 euros resultan “excesivos y no están justificados” en el servicio prestado, teniendo en cuenta que muchas reclamaciones se referirán a cuestiones sobre las que existía un criterio establecido.
De su lado, el PDeCAT sugiere que se mantengan los 250 euros de tasa siempre que la reclamación sea admitida y resuelta favorablemente para el cliente. Sin embargo, los catalanes quieren que en el momento de la admisión de la reclamación las entidades financieras abonen 50 euros a cuenta del eventual pago de la tasa.
Así, la Autoridad, una vez resuelta la reclamación, procederá a liquidar la tasa descontando la cantidad ingresada a cuenta por la entidad. Asimismo, en el caso de resolución favorable al banco, procederá a la devolución de la cantidad ingresada a cuenta.
MÁS AUTONOMÍA A LA CNMC Y MULTAS MÁS ALTAS EN CASO DE CÁRTEL
Pero el proyecto de ley no solo incluye la creación del nuevo organismo. En diversas enmiendas, el PSOE planteó también dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de más independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por funcionarios del subgrupo A1.
Además, el PSOE propuso otra modificación legal vía enmienda en esta ley para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones y un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que participen en un cártel. De este modo, aquellas compañías que infrinjan la normativa podrán ser sancionadas con una multa de un millón de euros en un caso leve, con hasta 10 millones si la infracción es grave y con 50 millones si es “muy grave”, como es el caso de pertenecer a un cártel.
De su lado, la enmienda del PSOE también incrementa de 60.000 hasta 400.000 euros la multa a cada uno de los directivos de la empresa infractora. De esta multa, sugiere el Grupo Socialista, quedarían eximidos aquellas personas que, formando parte de los órganos de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto ante una supuesta decisión que infrinja la ley.
En otra de las enmiendas del Grupo Socialista al proyecto de ley, también plantean ampliar el plazo general del procedimiento sancionador de la CNMC de 18 a 24 meses, mientras que el plazo de la segunda fase de control de concentraciones pasa de 2 a 3 meses.
El PSOE justifica esta propuesta en que se ha constatado que los plazos en determinados procedimientos “son insuficientes para la persecución de algunas infracciones de competencia”. Esta medida también ha sido celebrada por Cani Fernández durante su comparecencia.
EL PSOE SE DESMARCÓ DE ALGUNAS ENMIENDAS PACTADAS CON PODEMOS
En las enmiendas al articulado de la norma figuraban varias que estaban firmadas en conjunto por PSOE y Unidas Podemos, especialmente las relacionadas con el refuerzo de la atención presencial en municipios pequeños.
En concreto, los socios de Gobierno de coalición pedían en un principio que en los municipios de menos de 5.000 habitantes, los bancos garanticen la atención presencial, al menos, dos días laborables por semana con un mínimo de seis horas de atención al público cada uno de ellos.
Sin embargo, días después de haberse registrado las enmiendas, el PSOE decidió desmarcarse de ellas y retirar sus firmas de las mismas, ya que este y otros puntos ya quedaban establecidos en los protocolos d las entidades financieras. De este modo, las enmiendas son ahora solo a propuesta de Unidas Podemos.
Entre estas también se planteaba la creación del “gestor del mayor” en los bancos y de dotar al Banco de España de nuevas funciones supervisoras, para que el organismo pueda requerir a las entidades financieras información sin previa notificación y de forma anónima.
