Más País y Compromís confían en que el Gobierno apoye enmiendas para limitar los alquileres de temporada
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso votará este jueves la Ley de Vivienda, que impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.
Entre otras medidas, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.
Por otra parte, la ley permitirá rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en zonas tensionadas.
Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.
INTENCIÓN DE QUE ENTRE EN VIGOR ANTES DEL 28M
La votación del jueves supone el último trámite de la norma en la Cámara Baja antes de pasar al Senado con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Tras llevar el proyecto de ley más de un año bloqueado en el Congreso, el Gobierno ha decidido apretar el acelerador en las últimas semanas en vísperas de las elecciones, algo que ha provocado el enfado de algunas formaciones como Vox o Ciudadanos, que han acusado a PSOE y Unidas Podemos de aplicar el “rodillo parlamentario”.
Así, la semana pasada el texto se aprobó en Ponencia a puerta cerrada primer y en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana después, esta última reunión ya en sesión pública.
La intención del Gobierno es que en la Cámara Alta se aceleren los trabajos con idea de que se apruebe en el primer Pleno de mayo para que la nueva ley esté en vigor antes incluso de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28M.
UNA LEY PACTADA CON ERC Y BILDU
La ley pasó el filtro de la comisión con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu y el voto en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria.
Para contar con el apoyo de las formaciones independentistas, el Gobierno cerró varios acuerdos en materia de tope a la subida de alquileres, desahucios a personas en una situación económica vulnerable y la ampliación de zonas tensionadas. El proyecto cuenta también con el aval de Más País y Compromís, de modo que la votación final estimada ya contaría con una mayoría absoluta de 175 ‘síes’.
Es más, estas dos formaciones confían que los socios de Gobierno apoyen dos enmiendas para regular la limitación de los alquileres de temporada y para permitir que el Sindicato de Inquilinos pueda estar presente en las negociaciones con grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión.
Falta por saber que hará finalmente el PNV, que tras ser muy crítico con la norma por, supuestamente, invadir competencias que le pertenecen a las comunidades autónomas, decidió abstenerse en comisión con el objetivo de negociar nuevas enmiendas relacionadas con la regulación de los pisos turísticos.
De hecho, durante esta semana Unidas Podemos ha reclamado al PSOE limitar las plazas de apartamentos turísticos en zonas de mercado de vivienda tensionada al 2% del número de habitantes de la zona, aprovechando la fase final de la tramitación de la ley.
EL PSOE FINALMENTE HA CERRADO LA PUERTA A REGULAR ESTOS PISOS
Sin embargo, la secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal, cerró la puerta a Unidas Podemos de incluir una enmienda transaccional en la ley con el fin de regular también los pisos turísticos, dejando claro que incluir este asunto supondría una invasión de competencias que corresponden a ayuntamientos y comunidades autónomas.
“Hemos llegado a los máximos de regulación”, dijo Leal en rueda de prensa en el Congreso, explicando que la norma que se votará el jueves en el Pleno de la Cámara Baja se acoge a un marco estatal bajo el que ofrece a las comunidades autónomas las herramientas suficientes para regular las políticas de vivienda.
Bildu se pronunció del mismo modo con respecto a la regulación de pisos turísticos. El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, descartó que se incluya una enmienda a la Ley de Vivienda para regular la situación de los pisos turísticos, tal como pretende Unidas Podemos, porque esto, a su juicio, sí supondría una invasión competencial al tratarse de un asunto gestionado por ayuntamientos y comunidades autónomas.
Frente a estas declaraciones se situó Unidas Podemos, que a través de su portavoz en la Cámara Baja, Pablo Echenique, insistió en que “si hay voluntad política”, se encontrará la “técnica legislativa adecuada” para incluir esta regulación de los pisos turísticos en la Ley de Vivienda.
INVASIÓN COMPETENCIAL Y ‘OKUPACIÓN’, LAS PRINCIPALES CRÍTICAS
Precisamente, de la invasión del Estado en las competencias de las comunidades autónomas vienen las críticas de formaciones como el PDeCAT, Junts o Coalición Canaria.
“Para nosotros, esto claramente es una ley genera invasión competencial”, advirtió en comisión el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel. Para ilustrarlo mejor, Bel puso de ejemplo las definiciones que establece la ley en materia de vivienda protegida o de zona tensionada, que quedarán predeterminados a nivel estatal y no podrán modificar las comunidades autónomas.
La diputada y portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, también cargó contra la materia competencial y llegó a decir que con esta ley se está “legalizando” la ‘okupación’, al introducir nuevas trabas en desahucios a personas con una situación económica vulnerable.
Sobre este último punto también advirtieron PP, Ciudadanos y Vox, grupos que consideran que la ley asume de facto el fenómeno de la ‘okupación’ deja indefensos a los propietarios.
EL GOBIERNO, ERC Y BILDU DESDEÑAN LAS CRÍTICAS
Frente a todas estas críticas se sitúan PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu, ya que consideran que la ley aborda la vivienda como un derecho y cumple con la Constitución.
Así se pronunció la portavoz de vivienda de Unidas Podemos, Pilar Garrido, quien fue taxativa: “La ley cumple la Constitución”. Además, apostilló que la norma implica “un cambio de paradigma” en la vivienda porque se aborda como un derecho y se basa en una política pública y no económica.
Por su parte, Pablo Echenique criticó a la derecha que sugerir que la protección de la población vulnerable ante proceso de desahucios supone fomentar la ‘okupación’ es un discurso que genera “aporofobia” y “criminaliza la pobreza”, que debería desterrarse. En consecuencia, lanzó que “cualquier demócrata” debería celebrar esa disposición incluida en la Ley de Vivienda.
Isaura Leal, del PSOE, también criticó a las agrupaciones de derecha por “tergiversar” alrededor de este proyecto de ley, y ha negado que a través de la norma se proteja la ‘okupación’.
Por parte de EH Bildu, Oskar Matute desechó que la ley suponga una invasión competencial y reconoció que la normativa tal vez no guste a todo el mundo, sobre todo a “los fondos de inversión”. Eso sí, apuntó que tampoco era el propósito de su formación encontrar el beneplácito de estos fondos.
Sobre las críticas a la supuesta invasión competencial se refirió también la portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Pilar Vallugera, quien defendió los criterios autonomistas, pero advirtió que estos perduran “hasta que se produce un problema” y el Estado decide intervenir.
