BRUSELAS/MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado este martes un acuerdo para aprobar la Ley Europea de Chips, que movilizará 43.000 millones de euros de inversión para doblar el peso de la Unión Europea (UE) en la producción mundial de estos elementos.
El acuerdo amplia el tipo de instalaciones que se podrán financiar con los instrumentos recogidos a la ley a aquellas que produzcan máquinas para fabricar semiconductores y centros de diseño de chips de excelencia y no solo a instalaciones de fabricación punteras, según un comunicado.
El entendimiento ha sido anunciado tanto por la Presidencia del Consejo Europeo, a cargo de Suecia, como por el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
“Tenemos un acuerdo en la Ley Chip. En un contexto geopolítico de reducción de riesgos, Europa está poniendo su destino en sus propias manos. Dominando los semiconductores más avanzadas, la Unión Europea se convertirá en una potencia industrial en los mercados del futuro”, ha asegurado el comisario en su Twitter.
La UE produce ahora mismo el 10% de los chips del mundo y aspira a fabricar el 20% para 2030, con el objetivo de aumentar su autonomía estratégica y reducir su dependencia de proveedores externos.
Tras el acuerdo adoptado entre los equipos negociadores, el texto debe ser adoptado formalmente tanto por los Veintisiete en una próxima reunión de ministros como por el pleno del Parlamento Europeo.
España aspira a ser uno de los países que se aproveche de este mecanismo para atraer una o varias fábricas a su territorio nacional. Para ello, el país cuenta con el Perte Chip, dotado con más de 12.000 millones de euros, lo que le convierte en el proyecto estratégico de mayor dimensión en términos económicos.
La Comisión Europea enmendará además su presupuesto para incluir 3.300 millones de euros de financiación al sector a través del programa Horizonte Europa.
Entre los objetivos de este proyecto se encuentra el fomentar la creación y crecimiento de empresas emergentes europeas en el sector, reforzar las capacidades de innovación en el continente y la creación de un marco más favorable para inversores.
Además, la ley creará un mecanismo para dar respuesta a crisis y anticiparse a posibles problemas de suministro o escasez, como los que se han dado a raíz de la pandemia y la crisis de la cadena de suministros global.
