MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha trasladado hoy a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el trabajo conjunto entre su ministerio y las entidades financieras españolas para encontrar medidas de apoyo a los deudores hipotecarios vulnerables ante la subida de tipos de interés.
Así lo ha señalado a los medios de comunicación en Frankfurt tras reunirse con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y participar en una mesa redonda para abordar el Perte de la Nueva Economía de la Lengua en la Feria del Libro de esa ciudad.
Calviño también ha valorado de forma positiva “el compromiso y la implicación” que están demostrando las entidades para encontrar soluciones y poner sobre la mesa un catálogo de medidas que permita “minimizar el impacto negativo” y “aliviar” la situación y las finanzas de las familias españolas en un contexto de “rápida subida” de los tipos de interés por parte del BCE.
“Doy la bienvenida a todas las propuestas, los equipos están ahora mismo en Madrid analizándolas y trabajando intensamente para que cuanto antes veamos cuáles pueden ser las más eficaces”, ha agregado Calviño.
LA ÚLTIMA PROPUESTA DE LA BANCA: ALARGAR EL PLAZO HASTA CINCO AÑOS
La última propuesta que el sector financiero ha presentado a Economía para apoyar a las familias con dificultades para hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias consiste en extender el plazo de las hipotecas variables contratadas por familias vulnerables que se hayan encarecido significativamente a causa de la subida del Euríbor.
Según recoge un borrador de real decreto por el que se aprobaría este protocolo temporal de extensión de plazos para deudores hipotecarios afectados por la subida de tipos en el actual contexto inflacionista, al que tuvo acceso Europa Press, el protocolo estará en vigor durante 12 meses desde la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley y será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito, que deberán informar al Banco de España sobre las operaciones que formalicen en virtud del mismo.
El periodo máximo de extensión del préstamo hipotecario será de cinco años, siempre que el plazo de amortización del préstamo no supere los 40 años desde su concesión (en ese caso el plazo máximo será el que determine una duración total no superior a 40 años) y que la cuota resultante de la novación no sea inferior a la última existente antes de la revisión del tipo.
Una vez que el banco y el cliente acuerden la ampliación del plazo de amortización, el principal pendiente del préstamo se amortizará mediante las nuevas cuotas periódicas y continuará devengando el interés que corresponda conforme a las cláusulas inicialmente pactadas. Gracias al alargamiento del plazo, se reducirá el importe de las cuotas periódicas del préstamo hipotecario que resultarían del incremento del tipo de interés.
Para acogerse a la medida, los deudores deben cumplir con una serie de requisitos, como que su hipoteca se haya encarecido un 30% tras la actualización de tipos, que los ingresos familiares no superen tres veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) anual en 14 pagas (es decir, 24.318 euros al año) y que, tras la revisión de tipos, la cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos de la unidad familiar.
Una vez que un cliente solicite la modificación de las condiciones de su hipoteca acogiéndose al nuevo protocolo, las entidades tendrán un plazo de 45 días para dar una respuesta.
Si bien desde las patronales del sector financiero (AEB y CECA) no han hecho comentarios sobre esta propuesta, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha apuntado este jueves, durante la presentación de resultados del banco, que se trata de “un principio de acuerdo que no está cerrado por completo” y que se enmarcará en el Código de Buenas Prácticas que el Ministerio de Asuntos Económicos ha asegurado que quiere reforzar cuanto antes.
ANÁLISIS DEL BCE DEL IMPUESTO TEMPORAL A LA BANCA
Por otro lado, Calviño ha indicado que ha hablado con los equipos del BCE sobre el impuesto temporal a la banca que ha propuesto el Gobierno para 2023 y 2024. Ha señalado que el banco central está analizando actualmente cuáles son los aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer este tipo de gravámenes en lo relativo a la supervisión y a la estabilidad financieras.
“Son todas cuestiones que, por supuesto, hemos analizado en profundidad por parte del Gobierno antes de presentar la propuesta del gravamen y confío en que la tramitación parlamentaria avance rápidamente”, ha apuntado.
El gravamen planteado por el Gobierno supone un recargo temporal del 4,8% sobre el margen de interés y sobre las comisiones netas obtenidas por las entidades con ingresos superiores a los 800 millones de euros en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar un importe total de 3.000 millones de euros.
En cuanto a su reunión con Lagarde, la vicepresidenta primera ha afirmado que se ha tratado de un encuentro “constructivo”, si bien ha indicado que se reúnen “con mucha frecuencia”. Han intercambiado puntos de vista sobre la situación económica y los retos actuales, al igual que ayer en presencia del Rey Felipe VI.
