MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Gobierno defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso el límite de gasto no financiero, conocido coloquialmente como techo de gasto, para 2023, en lo que se considera el primer paso para la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Será el próximo jueves cuando la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, informe a la Cámara Baja del nuevo marco presupuestario, y defienda la necesidad de mantener suspendidas las reglas fiscales por cuarto año consecutivo, según el orden del día del Pleno al que ha tenido acceso Europa Press.
Esta votación sobre las reglas fiscales ha venido repitiéndose en los últimos años a raíz de la cláusula de salvaguarda aprobada por las autoridades europeas, pero que este año ya no se plantea suspenderlas por la pandemia de Covid-19, sino por la crisis energética y de precios desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.
REGLAS SUSPENDIDAS DESDE 2020
Concretamente, la Comisión Europea y el Consejo Europeo acordaron extender esta cláusula hasta 2023 por el aumento de la incertidumbre, los fuertes riesgos a la baja para las perspectivas económicas, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de las cadenas de suministro.
En línea con esta decisión, el Gobierno solicita al Congreso mantener activada esta cláusula, que lleva vigente desde el año 2020 al estallar la pandemia de Covid-19, permitiendo la flexibilización de las reglas fiscales a las administraciones.
AIReF AVALA QUE SE DAN LAS CIRCUNSTANCIAS
También solicitó un informe a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que consideró que sí concurren circunstancias excepcionales para mantener activa la cláusula de escape, como consecuencia de la crisis energética y la incertidumbre por la guerra de Ucrania.
En todo caso, la AIReF recuerda al Gobierno la obligación legal de realizar un plan de reequilibrio y recomienda al Ministerio de Hacienda que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice “de forma realista y creíble” la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas.
