MADRID, 9 (EUROPEA PRESS)
El Gobierno ha encontrado este jueves en el Pleno del Congreso el respaldo de Esquerra Republicana, Ciudadanos, PNV y EH-Bildu para convalidar el decreto ley que limita el precio de la generación de electricidad a partir de gas natural, medida celebrada por todo el arco parlamentario a excepción de PP y Vox, que han tachado la medida de “intervención radical”.
Tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea este miércoles, el mecanismo para desacoplar el precio del gas del mercado mayorista de electricidad, la llamada ‘excepción ibérica’, comenzará a operar en la subasta del próximo 14 de junio, según la previsión del Gobierno.
En su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado este mecanismo como “un cortafuegos” ante el encarecimiento del gas natural y un tope “sin precedentes” para evitar que la crisis energética acabe recayendo únicamente en los consumidores.
Asimismo, ha celebrado que, junto a la autorización para este mecanismo, la Comisión Europea a través de su propia presidenta, Ursula von der Leyen, reclame “por fin” la reforma del diseño del mercado eléctrico.
“NO ES UN TRIUNFO, ES LA MANIFESTACIÓN DE UN FRACASO”
“La excepción ibérica no es un triunfo, es la manifestación inequívoca de un fracaso en política energética”, ha replicado el responsable de Energía del PP, Guillermo Mariscal, que considera el tope “una intervención radical del mercado”. Asimismo, ha advertido de un coste en compensaciones a las instalaciones con precio topado de 6.300 millones al coste actual del gas, y a 1.500 millones adicionales por cada aumento de 10 euros. “Ese es el resultado de su brillante negociación”, ha dicho.
Para Vox, el mecanismo para limitar el precio en estas centrales no deja de ser “un juego de trileros”, “un timo”, “un espejismo”, ha dicho su portavoz de Transición Ecológica, Mireia Borrás, poniendo en duda si, al final, no acabará provocando incluso un aumento en la factura: “Veremos en qué queda”.
EL PSOE EXPLICA EL RECHAZO EN QUE “QUIEREN QUE A ESPAÑA LE VAYA MAL”
Su homólogo en el PSOE, Germán Renau, ha replicado a ambas bancadas señalando que su rechazo sólo se puede explicar en que “sus verdaderos deseos es que a España le vaya mal”. “Eso no es que les haga malos políticos, les hace malas personas”, ha dicho.
“Sí se puede. Se pueden conseguir avances aunque nos digan que es imposible o Bruselas lo impide”, ha celebrado Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos), que ha agradecido tanto a Ribera como al presidente Pedro Sánchez su “esfuerzo” para lograr este tope, una reforma temporal que, en todo caso, cree que “se tiene que consolidar e ir más allá”.
“ES UN PASO QUE NADIE SE HABÍA ATREVIDO A DAR”
Varias formaciones, como el PNV, Bildu o el PDeCAT, han felicitado al Gobierno, pues aun lamentando la insuficiencia de la medida han reconocido la dificultad para alcanzarla: “Veremos los resultados pero, visto en perspectiva no era fácil”, ha dicho por el PDeCAT su portavoz, Ferrán Bel.
“Es un paso, pero un gran paso que hasta ahora nadie se había atrevido a dar”, ha apuntado Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, que ha destacado cómo, desde que se anunció la medida, los mercados de futuros del gas se han estabilizado por debajo de la mitad de los de otros países.
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA CONOCER EL ALCANCE DE LA MEDIDA
Oskar Matute, de Bildu, ha pedido al Gobierno una detallada campaña informativa para aclarar cómo funciona el ajuste y cómo le afecta, para ser conscientes del alcance real de la rebaja, mientras que Mireia Vehí, de la CUP, ha criticado la compensación a instalaciones generadoras de gas con la sobrerretribución lograda estos meses: “No tiene ningún sentido”, ha dicho.
Esgrimiendo que su apoyo únicamente se sustentaba en el visto bueno de Bruselas, la diputada de Cs Mari Carmen Martínez Granados ha apuntado que la rebaja prevista en la factura se queda “en la mitad de lo que el Gobierno prometió”. Asimismo, ha destacado que, aunque el Gobierno lo niegue, existe un riesgo de que los consumidores franceses se beneficien del tope que subvencionan los españoles, ya que el Ejecutivo intentó limitar las ventas al país vecino en su negociación con la Comisión.
