MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso vota este jueves el proyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo y su aprobación depende de si el PSOE logra revertir el destope de las bases de cotización y sacar de la ley las enmiendas que apoyó por error en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Y es que, si no se corrige, Ciudadanos ha avanzado que votará en contra, una posición que el PP ya mantuvo en Comisión, y podría mover al ‘no’ también a Vox, que hasta ahora se ha abstenido. El rechazo de estas formaciones, unido al anunciado por socios habituales del Gobierno como Esquerra Republicana, Más País-Equo o Compromís, dejaría el proyecto al borde del fracaso.
Tanto PSOE como Ciudadanos han presentado sendos votos particulares con los que piden anular la aprobación de tres enmiendas de Unidas Podemos que los socialistas aprobaron por error la semana pasada en el Congreso.
Los cambios suponen la supresión del tope de las cotizaciones sociales para los salarios más altos, una reivindicación del movimiento de pensionistas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, y el recorte de muchas de las ventajas fiscales en el IRPF contempladas en la norma.
Para sacar adelante esta ley, el Gobierno sabe que no puede contar con socios habituales, como Esquerra Republicana, Más País-Equo o Compromís, contrarios al fomento de estos planes. En Comisión el Ejecutivo ató la abstención de EH-Bildu a cambio de, entre otras cosas, subir las pensiones no contributivas un 15%.
Además de los incentivos previstos en la ley –recortados a expensas de que prosperen los votos particulares para anular las enmiendas de Unidas Podemos–, el Congreso ha aprobado una deducción en el Impuesto sobre Sociedades para que las empresas se desgraven el 10% de las aportaciones que hagan en favor de sus trabajadores con salarios inferiores a 27.000 euros brutos –y una desgravación proporcional a partir de este umbral–.
Asimismo, el Congreso ha eximido del pago de la ‘Tasa Tobin’ por parte de planes de pensiones de empleo y por mutualidades de previsión social o entidades de previsión social voluntaria (EPSV) sin ánimo de lucro, y se modifica la regulación de la Comisión de control especial de los planes de pensiones para exigir a sus integrantes al menos 10 años de experiencia en la gestión de fondos o planes de pensiones.
