El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el ‘Plan de Respuesta’ al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el ‘veto’ a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.
Las tres vicepresidentas del Gobierno –Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera– han sido las encargadas de desgranar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las principales líneas del real decreto-ley aprobado este martes, con el que el Ejecutivo pretende frenar el impacto económico y social que ya está provocando la guerra.
“El impacto de esta crisis en el PIB y la inflación dependerá de la respuesta que demos”, ha advertido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha remarcado la voluntad del Gobierno de preservar “al máximo” la senda de recuperación iniciada en 2021.
Por ello, ha defendido que el Gobierno está actuando con “responsabilidad” y ha puesto en valor el “intenso proceso de diálogo” del Ejecutivo con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos y las comunidades autónomas para abordar este real decreto-ley.
El Gobierno contempla la movilización 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Está basado en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.
Entre las medidas más importantes que ha esbozado la vicepresidenta primera para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas.
El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores.
Este eje dirigido a ciudadanos también incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.
Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia.
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