El Plan Nacional de Respuesta a la Guerra aprobado este martes por el Consejo de Ministros prohíbe los despidos objetivos en las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha comparecido junto a las otras dos vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Ribera.
La primera de las prohibiciones, la de despedir si la empresa ha recurrido a un ERTE, ya se adoptó en la pandemia. Ahora se añade una nueva prohibición: el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía.
Díaz ha señalado que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y ha advertido a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, “no hay que despedir” trabajadores.
“Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir. No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir”, ha enfatizado.
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