Espera que las bajas comisiones y las políticas de inversión sostenibles animen a rentas medias y bajas y a autónomos a canalizar ahí su ahorro
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Gobierno confía en que su implicación en los planes de pensiones de empleo sirva para eliminar el recelo social hacia este segundo pilar del sistema de pensiones en un país como España, en el que existe una vinculación directa con las pensiones públicas, el primer pilar.
Así lo han señalado este martes fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en relación al proyecto de ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, aprobado en el Consejo de Ministros.
Además de ese impulso estatal, la cartera que dirige José Luis Escrivá espera que las bajas comisiones para incentivar estos planes y las políticas de inversión basadas en criterios de sostenibilidad sirvan para incorporar a las rentas medias y bajas y a los autónomos a estos instrumentos de ahorro a largo plazo.
El éxito de la suscripción a los planes de empresa, todavía con escaso desarrollo en España, dependerá, a juicio de la Seguridad Social, del “impacto beneficioso” de la reforma laboral en el mercado de trabajo español y, sobre todo, de la negociación colectiva.
Dentro de ese diálogo, serán las empresas las que decidan si promueven estos planes con sus empleados. Por eso, desde la Seguridad Social aclaran que la futura aprobación de la ley, que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario, no implicará que los trabajadores cuenten con un plan de pensiones de empresa.
El proyecto de ley aprobado este martes también tiene en cuenta la situación de los autónomos, con la creación de una nueva figura para dar protección y acceso a este tipo de instrumentos a los trabajadores por cuenta propia. En este caso, se abre la posibilidad de que los autónomos se puedan acoger al plan sectorial dentro de su ámbito.
Asimismo, los planes de pensiones de empleo con impulso público incluirán a los funcionarios. El proyecto de ley ha introducido modificaciones para que estos planes estén dentro de las mesas de negociación en las administraciones públicas. Este punto da respuesta a una de las reivindicaciones sindicales más insistentes durante la mejora del texto, como sostienen desde el Ministerio.
El proyecto de ley establece que el trabajador podrá aportar, de forma voluntaria, cuotas superiores a las de su empresa, y oscilará entre 2,5 veces más o la equiparación con la contribución empresarial. No obstante, la aportación máxima se definirá por tramos.
Para las empresas, el incentivo reside en la exclusión de la cotización de una parte de las aportaciones, con un límite de 115 euros mensuales por trabajador. La cartera de Escrivá considera que de esta forma se incentiva a las empresas a la suscripción de los planes y contribuye a extender esta forma de ahorro a las rentas medias y bajas.
MEJORAS Y MODIFICACIONES
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura el pasado noviembre. Desde entonces, el texto ha pasado por un proceso de audiencia pública y de conversaciones con agentes sociales y representantes del sector bancario y asegurador. El proceso culminó sin grandes acuerdos y sin grandes desacuerdos, como señalan desde el Ministerio.
El resultado de esos meses de diálogo se ha traducido en algunas modificaciones del texto inicial, desde la posibilidad de cobrar en forma de renta hasta la organización de la gobernanza del fondo.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que se ha abierto la puerta a que el cobro del fondo pueda realizarse “excepcionalmente” en forma de capital, sobre todo en los casos en los que las cantidades acumuladas y los derechos consolidados sean escasos.
Otro de los cambios en el texto actual es la supresión por escrito de la comisión máxima del 0,3% para estos planes, algo que en el anteproyecto apareció de forma expresa en la exposición de motivos. Desde la cartera de Escrivá precisan que se ha eliminado ese dato “expresamente”, pero se mantendrá en ese nivel, ya que está en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia (PRTR) comprometido con Bruselas.
En cuanto a la gobernanza del fondo, Ejecutivo y sindicatos han acordado delimitar las funciones y competencias de la Comisión Promotora y de Seguimiento y de la Comisión de Control Especial para conseguir un resultado “más equilibrado”.
La Comisión de Control Especial, pensada en un primer momento con 17 miembros, pasará a tener 13 integrantes, con cinco representantes del Gobierno, cuatro de los sindicatos y cuatro de la patronal.
Por su parte, la Comisión Promotora y de Seguimiento estará integrada por nueve funcionarios: cinco de ellos procedentes de la Seguridad Social, uno del Ministerio de Trabajo, otro del Ministerio de Economía, otro del Ministerio de Hacienda y el último del Ministerio de Transición Ecológica.
Esta Comisión tendrá entre sus funciones el establecimiento de un marco común de estrategia de inversión y la selección la entidad gestora y depositaria, a través de un procedimiento abierto.
Además, se ha suprimido el patrimonio mínimo de estos fondos, que sí constaba en el anteproyecto, aunque se establecerá un límite en los pliegos. En el Ministerio también consideran poco prudente hablar de plazos para la elección de gestoras, ya que el proyecto de ley debe pasar primero la tramitación parlamentaria.
