MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Gobierno “trabajará sin precipitación para diseñar un nuevo régimen jurídico con todas las garantías” para el bono social eléctrico, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula, por tercera vez, su sistema de financiación.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron Europa Press que el Ejecutivo está estudiando la sentencia emitida por el tribunal y “sus implicaciones”, aunque considera que “en ningún caso afectará a los beneficiarios, que seguirán percibiéndolo como hasta ahora”.
“El Ejecutivo, en todo caso, ejecutará la sentencia y seguirá trabajando para proteger a los consumidores”, añadieron las mismas fuentes.
En una sentencia del pasado 31 de enero, y hecha pública la pasada semana, el Tribunal Supremo declaró que el mecanismo de financiación del bono social eléctrico establecido por Decreto-ley en 2016 era contrario al derecho de la Unión Europea por discriminar a unas empresas del sector eléctrico frente a otras.
Esta era la tercera vez que el Alto Tribunal se pronunciaba en contra del modelo de financiación del bono. En las ocasiones anteriores, el tribunal lo había anulado al estimar que, de acuerdo a la jurisprudencia europea, era el Estado y no las empresas el que debía hacer frente a los pagos derivados de esa subvención en el recibo de la luz.
El sistema fue derogado en 2016, cuando se aprobó el actualmente vigente, que seguía imputando la práctica totalidad del coste a las empresas comercializadoras.
Según adelanta este martes Cinco Días, el fallo del Tribunal Supremo obliga a devolver parte de los 800 millones del bono social a las eléctricas, ya que falla que se indemnice a las comercializadoras que no hayan repercutido el coste a sus clientes.
REFORZAR EL BONO SOCIAL.
De todas maneras, el gabinete dirigido por Teresa Ribera trabaja también en medidas para reforzar el bono social eléctrico.
En concreto, estas medidas estarían encaminadas ampliar la ayuda a más consumidores susceptibles de recibirla y en su renovación automática para los beneficiarios.
Además, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 ya se incluía un aumento en la partida destinada al bono social térmico.
El bono social es una prestación de carácter social destinada a proteger a los consumidores vulnerables consistente en aplicar un descuento en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual.
La batalla judicial por el bono social viene enfrentando desde hace años al Estado con las grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP-, sobre las que recae su financiación desde su creación.
Tras los reveses sufridos en los tribunales, el Gobierno procedió a devolver las cantidades financiadas por las compañías por el bono social en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes, con un importe total que alcanzaba casi los 520 millones de euros.
