SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes al PP “altura de miras” y que renuncie a “posiciones de máximos” para poder acordar un nuevo modelo de financiación autonómico.
El próximo 31 de enero acaba el plazo para que las comunidades autónomas presenten sus alegaciones a la propuesta remitida por el departamento de Montero para reformar el modelo de financiación, basada en la variable de la población ajustada, “la más representativa”, a juicio del Ministerio de Hacienda.
En un encuentro informativo organizado por RTVE y recogido por Europa Press, la ministra Montero ha lamentado que el PP use la financiación autonómica como elemento para “confrontar y establecer agravios comparativos”.
Se ha preguntado la ministra si el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha “acordado” su posición con sus homólogos en Madrid y Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, aventurando que las aportaciones que harán unas y otras comunidades gobernadas por el PP “se parecerán como un huevo a una castaña”.
“El PP juega al victimismo. No se puede avanzar si no hay una actitud del PP de altura de miras y de renuncia a posiciones de máximos”, ha argumentado la ministra, para la que los populares “ni cambiaron” el modelo cuando estuvieron en el Gobierno ni mantienen “una actitud responsable para modificarlo ahora”.
En esta línea, Montero ha asegurado que es “persistente” y trabajará en lograr un acuerdo para el que ha defendido la necesidad de poner a los ciudadanos “en el centro del debate”.
El Gobierno defiende que en su propuesta de reforma del modelo actualmente vigente ha analizado “empíricamente” la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones.
En concreto, se han analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos.
Además, reivindica que se han tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, y que se han incluido elementos correctores por despoblación, teniendo en cuenta los costes fijos vinculados al gasto.
En el caso específico del sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.
Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
Con todos estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45%. En esta propuesta, Hacienda también defiende que se incorporan las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional.
La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.
SERVICIOS SOCIALES
La propuesta remitida a las CCAA incluye un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años. Asimismo, se incluye una variable que serían los parados sin prestación por desempleo.
La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6 o un 10%. Dentro de esa variable, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre un 80 o 90% y el de los parados entre un 10 o 20%.
Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22%.
Hacienda defiende, por último, que los factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3% en el sistema actual, a una horquilla entre el 3 y el 4%. Así, contemplan la superficie, la despoblación, la dispersión de la población, la insularidad.
Sin embargo, una de las novedades de este sistema tiene que ver con la incorporación a la población ajustada de la variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala.
