MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Unión de Uniones ha recurrido contra la resolución publicada el pasado 28 de diciembre de 2021 en la que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios establecía fijar en 946 hectáreas la superficie que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2022, según ha informado en un comunicado.
En concreto, la organización agraria ha indicado que con la decisión de este año, serán más de 40.000 hectáreas las que habrían dejado de estar a disposición del sector en forma de nuevas plantaciones desde que entrara en vigor en 2016 el nuevo sistema europeo de autorizaciones para el viñedo.
En el contexto de países vitivinícolas de la UE, solo España y Alemania recortan el cupo de nuevas plantaciones por debajo del 1% de la superficie de viñedo existente que, como máximo, permite la normativa europea.
“No se trata de que queramos que la superficie de viñedo crezca indiscriminadamente en España, pero el sistema de autorizaciones de nuevas plantaciones puede y debe ser aprovechado para mejorar la competitividad de la viticultura profesional”, han señalado.
Para la organización agraria, la reducción del potencial español y el recorte de nuevas plantaciones es “una pérdida de patrimonio vitícola que estrangula la vía más social” que permitiría redimensionar las explotaciones de los viticultores profesionales y los jóvenes que se incorporan al sector. Ello no sería, además, incompatible que con las Denominaciones de Origen establezcan limitaciones y restricciones en su ámbito para evitar futuros desequilibrios.
Las limitaciones de nuevas plantaciones que se han ido aprobando año tras año a nivel estatal atienden a las recomendaciones de la Interprofesional del vino de España (OIVE).
La organización considera que debería justificarse, en base a la legislación en vigor, en la necesidad de evitar riesgos claramente demostrados de oferta excesiva, basándose en informes y análisis sobre las perspectivas de mercado, las previsiones del impacto de las nuevas superficies que entrarían en producción y de los derechos de plantación y autorizaciones concedidas sin ejercer. Unión de Uniones ha pedido también en su recurso, que el Ministerio de Agricultura haga públicos dichos informes.
Por otro lado, Unión de Uniones considera que el reparto de nuevas plantaciones entre las diferentes regiones es “desequilibrado” y que la resolución recurrida ignora que el “verdadero problema” en lo referido al potencial productivo, no está tanto en llegar a autorizar un 1% de nuevas plantaciones a nivel estatal, como en permitir la entrada en determinadas DO de autorizaciones de replantación deslocalizadas procedentes de áreas ajenas a las que generaron tales autorizaciones.
