MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha traslado a los diferentes grupos políticos en las últimas semanas propuestas de enmienda para la Ley de la Cadena alimentaria, cuyo periodo de alegaciones finaliza este miércoles, para mejorar la posición de agricultores y ganaderos.
En concreto, entre estas enmiendas consideran la “necesaria ampliación” del ámbito de la ley, incluyendo su aplicación sobre los depósitos mercantiles, las entidades asociativas o el canal Horeca, ya que creen que las grandes cadenas hoteleras o de restauración no deben quedar libres de cumplir la Ley.
Igualmente, la organización agraria cree de suma importancia que la vigilancia sobre el incumplimiento de los contratos se mantenga en el ámbito administrativo, de tal manera que la AICA sea el organismo responsable de velar para que los precios pagados a los agricultores se sitúen por encima de los costes efectivos de producción, sin que los agricultores y ganaderos tengan que acudir a los tribunales.
Regular la reventa a pérdidas y la posición de domino son otros de los temas que la organización considera “fundamentales e imprescindibles” para que las administraciones dispongan de las herramientas legales necesarias para velar que no se produzcan abusos y, si existen, sancionarlos.
En este sentido, Unión de Uniones insiste en que se ponga en evidencia fehacientemente las sanciones, reflejando los datos del infractor, la falta, su gravedad y la multa, porque para una empresa la pérdida de credibilidad y reputación es más correctiva que la sanción económica.
“Es bueno que los agricultores y ganaderos, pero también los consumidores, conozcan cuanto antes qué empresas no actúan con honestidad en la cadena”, han indicado.
A este respecto, la organización agraria solicita un aumento del importe de las multas para que a las grandes corporaciones no les compense infringir la ley, al contrario de lo que se está haciendo hasta la fecha, imponiendo sanciones más simbólicas que punitivas.
Unión de Uniones lamenta que desde su entrada en vigor en 2014, la Ley de la Cadena Alimentaria no ha servido para reforzar la posición de los productores en la cadena, ni para reducir la brecha de precios entre los consumidores y los productores.
